Todos los partidos políticos y grupos con representación en Les Corts Valencianes se han comprometido a dar coherencia, estabilidad política y presupuestaria a la Ayuda Oficial al Desarrollo Valenciana mediante la firma del Pacto Valenciano contra la Pobreza en el Paraninfo de la Universitat de València.
El texto firmado por el PP, PSPV, Esquerra Unida y Compromís pel PV tiene como objetivo hacer que la política autonómica de cooperación internacional para el desarrollo y de lucha contra la pobreza sea sostenible y de calidad, independientemente de quien gobierne, y que se mantenga en línea con los acuerdos internacionales recogidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La iniciativa -impulsada por las 145 entidades agrupadas en la Coordinadora Valenciana de ONG de Desarrollo (CVONGD) y la Plataforma Pobreza Cero-, implica un impulso tanto de las políticas de desarrollo como de la cantidad destinada por la Comunitat Valenciana a la ayuda a los países pobres. Estos avances tendrán que materializarse en dos aspectos:
- elevando la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta el 0,7 % del presupuesto autonómico, porcentaje del que aún se está lejos pese a haber sido ya previsto en la Ley Valenciana de Cooperación de 2007
- implicará la puesta en marcha de recursos y herramientas con las que se podrá llevar a cabo una cooperación de calidad

“En medio de esta crisis económica mundial, este Pacto es más necesario que nunca. Cada cinco segundos muere un niño en el mundo por desnutrición, y en el último año el número de personas que pasa hambre ha alcanzado casi los 1.000 millones, 108 millones más que antes de la recesión. Es una situación injustificable, y tenemos la obligación moral de actuar”, explica Gloria Bigné, presidenta de la CVONGD y de la Plataforma Pobreza Cero.

El Pacto Valenciano contra la Pobreza dotará también de una mayor transparencia y coherencia a la política de solidaridad valenciana, ya que insiste en la necesidad de estructuras adecuadas para la gestión de la cooperación valenciana, y la convergencia de diferentes iniciativas del gobierno valenciano, de forma que se promueva el comercio justo y el consumo responsable, y se apoyen especialmente las iniciativas de la economía social y las finanzas éticas.


Una comisión de seguimiento integrada por miembros de todas las entidades firmantes deberá evaluar que efectivamente estos avances se van produciendo.